El nuevo proyecto de Presupuestos Generales aumenta hasta los 5.196,4 millones con un mayor compromiso social

En este sentido, la consejera ha recalcado que el texto es fruto de la negociación con los grupos parlamentarios, 8 semanas de diálogo con el fin de incluir el mínimo común denominador de propuestas, añadiendo que deben hacer entender que las circunstancias actuales invitan al consenso político y, el contenido del nuevo documento, fruto del trabajo “serio”, “riguroso”, “exhaustivo” y con “espíritu constructivo” que el Ejecutivo autonómico ha mantenido.

Para Blanco-Morales, el proyecto de presupuestos, que asciende a los 5.197 millones de euros y que contempla un incremento de 82 millones, tiene una “historia”, una “conducción” y una “transparencia”, en su elaboración, “inéditas”, afirmando que se trata de un nuevo documento que dimana del dialogo y que sirve para reivindicar la política, “la mejor política”, basada en el entendimiento y en el compromiso.

Además, ha explicado que “este es un presupuesto de recuperación generalizada, que mejora la cohesión y la justicia social, no hay aumento de impuestos a las familias extremeñas, no hay aumento de la presión fiscal” y, por tanto, la propuesta de presupuesto es “seria”, “responsable” y crea condiciones para el aumento de la protección social, el crecimiento económico y el compromiso con los objetivos de estabilidad.

De esta forma, la consejera ha matizado que el nuevo presupuesto atiende a la demanda social de la ciudadanía, en sintonía con la consolidación de la estructura empresarial y su repercusión en el empleo como motor para fortalecer el sistema productivo; y, prioriza a las personas y a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad para reactivar el consumo y devolverles sus estándares de calidad de vida y, 6 de cada 10 euros se destinan a políticas sociales.

Aumento presupuestario respecto a noviembre

El nuevo documento de presupuestos para la Comunidad Autónoma presenta un incremento de 82 millones de euros respecto al rechazado en el mes de noviembre, un aumento que presenta una estimación de ingresos en relación con la reforma del sistema tributario de 7,2 millones de euros, además de 24 millones en concepto de adelanto de las ayudas de los fondos europeos, 40 de deuda histórica y 10,5 de la enajenación del patrimonio.

Con estas cantidades, la Junta de Extremadura pretende incrementar las políticas sociales en 12 millones para actuaciones de inclusión social (Fondo de Garantía Social, que alcanza los 53,7 millones), 30 millones para inversiones productivas (transición energética, 5 millones; turismo, 4 millones; PYMES, autónomos y actividad emprendedora, 10 millones; Garantía Juvenil y retorno, 7 millones; e I+D+i, 4 millones); y 40 millones más para otras inversiones extraordinarias en materia sanitaria (15 millones), educativa (10 millones) e infraestructuras (15 millones).

Asimismo, recoge otros compromisos fruto del diálogo en las negociaciones, como el acuerdo parlamentario sobre la deuda histórica, la puesta en marcha de la comisión de estudio para la financiación autonómica, el pacto para el impulso de la Formación Profesional para el empleo (con desarrollo a la F.P. dual), un Plan Plurianual de Infraestructuras y un Plan específico de Lucha contra el Fraude Fiscal.

Revisión tributaria en paralelo

La consejera  ha añadido que este proyecto presupuestario no aumenta la presión fiscal a las familias extremeñas, no se modifica ni el IRPF, ni el impuesto de sucesiones, y además habrá una revisión de mínimos para mejorar la recaudación.

Concretamente, la consejera ha indicado que la revisión tributaria apoya el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y potencia las políticas sociales, reiterando que las modificaciones recogidas no incrementan la presión fiscal, pero sí producen mayor recaudación; afirmando que el fin es ampliar alcance de medidas ya contempladas en las dotaciones de renta básica de inserción y en la consignación de créditos asociados a la ley de mínimos vitales.

Según Blanco-Morales, la revisión del sistema tributario planteada por la Junta de Extremadur irá a en paralelo a la tramitación de los Presupuestos Generales de la Comunidad pues, las reformas que se pretenden introducir en el sistema tributario están sometidas a trámites de información y consulta de órganos estatales y autonómicos; y, tendrá un impacto económico que cifra en 7,5 millones de euros para este año; matizando que el impacto total de la reforma será de 8,9 millones de euros, si bien hay que tener en cuenta que la recaudación del impuesto sobre patrimonio e IRPF no se producirá hasta el 1 de enero de 2017.

En este sentido, la consejera ha explicado que es una reforma que se plantea "solo y exclusivamente" con la idea de revisar el sistema con el objetivo de "recaudar mejor y de manera más eficiente" y, no contempla modificaciones sobre algunos impuestos al tener en consideración que el nuevo Gobierno deberá afrontar el sistema tributario español.

Ante ello, el Ejecutivo regional apuesta por una revisión de los impuestos extremeños orientada "al mantenimiento de los servicios públicos esenciales y a potenciar las políticas sociales, pero sin hacer recaer todo el esfuerzo sobre las clases medias, los empresarios y trabajadores", no sin además advertir que la presión fiscal en Extremadura se sitúa "entre las más altas del país".

El peso de este incremento en la recaudación estimado en 8,9 millones de euros para 2016, recae principalmente en el Impuesto sobre actos jurídicos documentados, que se calcula en 6 millones de euros. En concreto, se plantea un incremento del tipo general del 1,20% al 1,50% para las primeras copias de escrituras y actas notariales, que supondrá un impacto de 5 millones de euros, y el millón restante procede del aumento del tipo del 2 al 3 por ciento por renuncia a la exención del IVA.

La reforma también establece una reducción en la recaudación del Canon de saneamiento, que se estima en 1,5 millones de euros, que responde al establecimiento de un mínimo exento de 2 metros cúbicos por vivienda y mes en el consumo de agua para uso doméstico. Una rebaja que se incluye en la decisión de la Junta, según ha subrayado la consejera, de avanzar en la progresiva y definitiva eliminación de este impuesto.

Sobre el tramo autonómico del IRPF, la Junta espera aumentar la recaudación en 483.000 euros mediante la supresión de la deducción de adquisición o rehabilitación de la segunda vivienda en medio rural, al entender que "supone un cierto coste" para la Administración regional y, sin embargo, no implica "una mejora significativa para sus destinatarios".

En cuanto al impuesto sobre el Patrimonio, plantea reducir el mínimo exento, que pasaría de los 700.000 euros actuales a los 500.000 euros. Asimismo, se plantea una revisión del mínimo exento en la misma proporción para las personas con discapacidad. En este punto, la responsable de las cuentas extremeñas ha señalado que en el futuro reclamará, dentro del debate sobre a reforma del sistema tributario nacional, que se establezca un mínimo exento común para el conjunto del país, con el objetivo de evitar la "competencia" entre comunidades autónomas.

Mientras, sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en este caso tan solo se actúa sobre las adquisiciones 'inter vivos', suprimiendo las bonificaciones, y no así en el caso de las herencias por fallecimiento, que no sufre ninguna modificación; se trata de una medida que se adopta debido al "notable incremento de declaraciones y autoliquidacioines por este concepto" que, a medio y largo plazo, suponen "una descapitalización de las futuras herencias".

Respecto al Impuesto sobre Instalaciones que incidan en el medio ambiente, el gobierno regional espera incrementar su recaudación en 500.000 euros con la modificación del tipo de gravamen para actividades de transporte de energía eléctrica; concretamente, se mantiene el tipo de 700 euros por kilómetro de longitud y poste para aquellas con una tensión inferior a 400 kilovatios, y se establece en 1.200 euros por kilómetros para las líneas que superen esta tensión.

Por otro lado, revisa al alza los tipos impositivos del Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero, aumentando un 20 por ciento los tipos de gravamen de los residuos peligrosos, inertes y no peligrosos; y se incentiva la recogida selectiva y el reciclaje de residuos, gravando el daño ambiental que produce su depósito. Con ello, la Junta estima elevar la recaudación en 450.000 euros.

Respecto a los tributos sobre el juego, se elevan las tarifas que afectan a máquinas de juego recreativas y de azar en 200 euros por año y máquina (se eleva la tasa trimestral pasando de 850 a 900 euros).

Por último, aunque con un impacto menor, cifrado en 25.700 euros, también se plantean modificaciones en tasas autonómicas, con incrementos en las tarifas por actividades administrativas en televisión y radiodifusión; así como se crean tasas por actividades administrativas en comunicación audiovisual, por uso compartido de canalizaciones de telecomunicaciones y por instalaciones de quipo radioeléctricos en edificios públicos autonómicos.