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MUJER EXTREMADURA
  • 20 nov 2017

El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del decreto que establece las bases reguladoras del Plan de Empleo Social en Extremadura

Recoge, por ejemplo, una demanda de los ayuntamientos y entidades locales menores para que "no se excluyan" como beneficiarios de los contratos a personas que “cobren una pequeña prestación de cualquier otra índole”. Al tiempo que "se eliminan algunas trabas burocráticas" que han supuesto "obstáculos" para poder realizar más contrataciones, como por ejemplo, el límite de 10 contrataciones como máximo por empresa.

06 abril 2016

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la modificación del decreto 287/2015, de 23 de octubre, que establece las bases reguladoras del Plan de Empleo Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como la primera convocatoria de dichas subvenciones.

Y es que el tiempo transcurrido desde la puesta en marcha del Plan de Empleo Social "aconseja" modificar algunos aspectos de las medidas contempladas para "favorecer la contratación", por parte de las entidades privadas sin ánimo de lucro, empresas de economía social y pequeñas y medianas empresas, de personas en situación de exclusión con el objetivo de "paliar la situación de urgencia social que existe hoy en la sociedad extremeña" (programa II).

Por otra parte, "determinados desajustes detectados" en la gestión del Programa I dirigido a municipios y entidades locales menores "aconsejan también la modificación del decreto", tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

Así pues, esta modificación se lleva a cabo con el objetivo de "agilizar los trámites burocráticos y facilitar un mayor número de contratos", especialmente en el programa II, dirigido a entidades privadas sin ánimo de lucro, empresas de economía social y pequeñas y medianas empresas.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha explicado durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, con posterioridad a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que este decreto se aprobó "con urgencia" en 2015 ya que su finalidad era "fomentar la contratación de trabajadores en paro que no cobraran ningún tipo de prestación y se encontraban en riesgo de exclusión social".

El decreto establecía dos modalidades de ayudas, una dirigida a la contratación de estas personas por parte de municipios y entidades locales menores, y una segunda línea dirigida a entidades privadas sin ánimo de lucro, empresas de economía social y pequeñas y medianas empresas.

Por tanto, la modificación aprobada este martes por el Consejo de Gobierno recoge, por ejemplo, una demanda de los ayuntamientos y entidades locales menores para que "no se excluyan" como beneficiarios de los contratos a personas que “cobren una pequeña prestación de cualquier otra índole”.

"ELIMINACIÓN DE TRABAS BUROCRÁTICAS"

Por lo que respecta al programa II, "se eliminan algunas trabas burocráticas" que han supuesto "obstáculos" para poder realizar más contrataciones, como por ejemplo, el límite de 10 contrataciones como máximo por empresa, ha explicado Gil Rosiña.

La portavoz ha hecho balance de la ejecución del Plan, señalando que, dentro del programa I, se han realizado 1.700 contrataciones en la primera fase de ejecución del Plan. Para la segunda, prevista para el próximo mes de junio, se podrán realizar entre 1.700 y 2.000 contrataciones más, señaló.

Finalmente, por lo que respecta al programa II, la portavoz informó de que se han hecho 178 contratos y se estima que en la segunda fase de ejecución se puedan formalizar otros 600.

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