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MUJER EXTREMADURA
  • 23 nov 2019

4,6 millones del Pacto de Estado para la lucha contra violencia de género para Extremadura

Además, se aumenta la protección de las víctimas y a la vez otorga mayor seguridad jurídica al personal de la administración que trabaja en este ámbito

04 abril 2019

La consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, ha asistido, este miércoles en la sede del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a la Comisión Sectorial de Igualdad, presidida por la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, donde Gobierno y comunidades autónomas han acordado, entre otros aspectos, los criterios de reparto y objetivos de la dotación presupuestaria de 100 millones de euros correspondientes al Pacto de Estado para la lucha contra la violencia de género para 2019, de los cuales Extremadura recibirá 4.631.572,52 euros.

En el marco del encuentro, en el que han estado representadas todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), también se han dispuesto 9,5 millones de euros para la asistencia social integral a las víctimas de la violencia de género, programas para víctimas de violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres, de los cuales Extremadura recibirá un total de 289.382,78 €.

Además el Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado el modelo de título habilitante, que amplía los mecanismos de acreditación de la condición de víctima para acceder a prestaciones sociolaborales sin la necesidad de interponer denuncia.

Cada comunidad autónoma establecerá los organismos y servicios de certificación a los que podrán acudir las víctimas que quieran acogerse a tales prestaciones. En el caso de Extremadura, será el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) el organismo encargado de expedir este título.

El objetivo de esta medida es unificar las condiciones de acceso a nivel estatal, mejorar la respuesta institucional y permitir el acceso a los beneficios y derechos sociolaborales de las víctimas sin supeditarlo a la judicialización del caso.

Esta medida aumenta la protección de las víctimas y a la vez otorga mayor seguridad jurídica al personal de la administración que trabaja en este ámbito.

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