Arranca en Badajoz juicio por muerte de Belén Cortés presuntamente a manos de tres menores

Ep.

El juicio por la muerte de la educadora social Belén Cortés presuntamente a manos de tres menores ha arrancado este miércoles en Badajoz con la primera de las tres sesiones previstas para los días 29, 30 y 31 en el Juzgado de Menores de la capital pacense en Ronda Norte.

Los acusados, que entonces tenían edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, se enfrentan a penas que van desde los 5 a los 8 años de internamiento en régimen cerrado.

En concreto y en el caso de la Fiscalía se les acusa de delitos de asesinato, robo con violencia en casa habitada y conducción sin permiso. Los dos primeros se aplican a todos los menores -en el caso de una joven como cómplice- y el tercer delito solo a uno, según la información a la que ha tenido acceso Europa Press. Las penas solicitadas serían 6 años de internamiento en régimen cerrado para dos y 5 años para uno, además de tres años de libertad vigilada para todos.

En el caso de la acusación particular, el abogado Raúl Montaño, que representa a la familia de la educadora, ha señalado en declaraciones a los medios antes del inicio del juicio, que se celebra a puerta cerrada, que la petición es "asesinato" y otro tipo de delitos vinculados al robo con fuerza o la seguridad vial, aunque "la pretensión principal penal es el asesinato" para los tres, con penas que se corresponden con las máximas estipuladas por la ley dependiendo de la edad de cada uno, 6 años para dos de los chicos y 8 para la chica que entonces tenía 17 años.

Cabe recordar que se juzga el asesinato de la educadora social Belén Cortés, de 35 años, presuntamente a manos de tres menores, que entonces tenían 14, 15 y 17 años, en un piso tutelado de Badajoz bajo su cuidado en cumplimiento de medidas judiciales, en el que trabajaba y donde ocurrieron los hechos la noche del pasado 9 de marzo.

LA FAMILIA DE BELÉN

Raúl Montaño ha expuesto que la familia de Belén Cortés afronta el juicio "con muchas ganas de que termine este calvario" porque "está destrozada", al tiempo que ha reconocido que sienten que la Junta de Extremadura "no ha estado acompañándola". "Sí que, en un primer momento, tengo constancia de que la presidenta llamó a un familiar, pero desde ese momento hasta el día de hoy la Junta de Extremadura ha sido el abandono total", ha afirmado.

La representación que ejerce y esta familia le hicieron llegar a los responsables políticos de la Consejería de Salud y Servicios Sociales y a la consejera que querían mantener una reunión para manifestar su pesar o incertidumbre y "en ningún momento fue aceptada" ni "contestada esa solicitud", y consideran que "la responsabilidad de la Junta es toda", "con independencia" de que, posteriormente, ellos pretendan repercutir esa responsabilidad con la concesionaria de la gestión de los pisos tutelados.

Al mismo tiempo, ha matizado que la asesoría jurídica de la Junta sí ha mostrado su apoyo y ha sostenido que se podría haber evitado la presencia de los familiares en el juicio, ante lo que ha hecho hincapié en que lo que querían era que fuera "exclusivamente" por una pretensión penal y se juzgara "exclusivamente" un asesinato, como así lo han trasladado al Ejecutivo autonómico porque la familia quería evitar que no fuera un "mercadeo" de cuantías económicas o responsabilidades, pero no han tenido "opción ni contestación de la Junta".

Finalmente, ha considerado en relación a la petición de asesinato que "se dan las circunstancias para que el homicidio sea agravado" y que las mismas tendrán que verse en la sala, "se probarán y serán hechos probados".

DEFENSA DE UNO DE LOS MENORES

Por su parte, el abogado defensor por el turno de oficio de uno de los menores, José Duarte, ha dedicado sus primeras palabras para la familia de la víctima, la cuidadora que tenía un trato "exquisito", les "ha sacado de muchísimos problemas" y "ha estado siempre al frente de la educación y del cuidado de los menores".

Como abogados, van a intentar cooperar con la justicia y considera que en este caso caben tres, la de menores, la de adultos y la de subcontratas que llevan la gestión de los pisos tutelados. "No cabe en cabeza humana que esta medida cautelar que estaban cumpliendo pudiera estar llevándose a cabo por una entidad, una asociación", ha dicho, que "no tenía ni los medios ni la preparación" y que "siempre" piensa "quién cuidaba de Belén".

Así, intentarán aportar su "granito de arena" en "esta justicia de menores", y ven que "debe haber una justicia de adultos" porque, independientemente de las responsabilidades civiles, esta última justicia debe también averiguar "qué es lo que ha pasado" cuando "era, desgraciadamente, la crónica de una muerte anunciada".

En el caso de su defendido, piden la absolución en la petición de homicidio porque "siempre" ha manifestado ante todas las personas que han intervenido en el proceso que "él no ha tenido ninguna participación en el homicidio".

"Hay muchísimas cuestiones que se van a ventilar aquí, pero lo sustancial, que es el homicidio, siempre el menor ha dicho, ha mantenido y mantendrá, lógicamente, que él es en ese aspecto completamente inocente", ha aseverado.

Mientras y sobre la Junta, ha apuntado que "ahora está poniendo los medios" y "está intentando que esto no vuelva a ocurrir".

ABOGADO DE UNO DE LOS FAMILIARES

También ha hablado con los medios de comunicación Fernando Cumbres, representante de la familia del menor de 14 años a efectos de responsabilidad civil, quien ha diferenciado el juicio en dos fases, una la penal en la que se va a discutir "evidentemente" la "eventual" responsabilidad penal de los menores, y otra en relación a quién la tendría en el aspecto económico a la hora de los abonos a la familia y a la pareja sentimental de la víctima por los daños causados por este fallecimiento.

"Sí hay algo que quiero que quede claro en este juicio, indiferentemente de lo que se haga, se diga o lo que se resuelva en el juicio, es que deseo y espero que las administraciones sean conscientes de que hay que mejorar las condiciones de seguridad, las condiciones salariales y las condiciones laborales de las personas que trabajan en este tipo de centros educativos, de acogida o de inserción", ante lo que "desea que nunca más ningún trabajador tenga que ir con miedo a su puesto de trabajo" ni "sufrir ningún tipo de agresión, ni mucho menos lo que le ocurrió, lamentablemente, a Belén".

Para Cumbres, al margen de que se tenga en cuenta que los acusados sean menores y de los análisis o consideración de cada uno en materia de responsabilidad penal "ya habrá otra reflexión sobre la Ley Penal del Menor", cree que "la reflexión es que nadie vuelva a tener miedo a ir a su puesto de trabajo y sufrir una agresión" y que las administraciones tienen la obligación de garantizar esa seguridad, respecto a lo cual considera que, en este caso, "no había las garantías mínimas de seguridad, ni para la trabajadora ni para los menores".

Respecto al pago de las indemnizaciones, valora que quien debe asumirlo es la Junta, que se hace cargo de dos de los tres menores, "jurídicamente estaban ya tutelados" por la misma, y en el caso del chico a cuya familia representa "llevaba apenas dos o tres meses en el sistema y no había una resolución de tutela", pero "a los efectos prácticos era un tutelado".

Así, abogan por que la Junta asuma su "parte" de responsabilidad, no solo para que abone a esta familia el daño sufrido, "que es enorme", sino también para que no vuelva a pasar.