Extremadura recibirá 4,6 millones para políticas contra la violencia machista

Rd/Ep

La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha participado, mediante videoconferencia, en la sectorial convocada por el Ministerio de Igualdad en la que se han aprobado los criterios de reparto entre las comunidades autónomas de los créditos para desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de género para el año 2020.

En este sentido, y aunque se mantienen los criterios establecidos durante los dos ejercicios anteriores, Gil Rosiña ha pedido que se tenga en cuenta la situación de excepcionalidad provocada por la crisis sanitaria que estamos viviendo y cómo ésta repercute en las mujeres víctimas de violencia de género.

Durante la reunión se ha dado traslado al Ministerio de los recursos y medidas aprobadas en el marco del Real Decreto Ley 12/2020 del 31 de marzo que regula el Plan de Contingencia contra la violencia de género que ha puesto el Gobierno de España para la crisis del COVID 19.

En ese contexto, la consejera de Igualdad y portavoz ha trasladado las medidas que se han tomado en la región donde, desde el primer fin de semana de la pandemia, se puso en marcha un decreto en que se establecieron, como servicios básicos, la atención a mujeres víctimas de violencia de género.

Junto con ello, una campaña de concienciación a la ciudadanía y la puesta en marcha de la campaña Mascarilla 19, a la que se han acogido todas las farmacias y centros Carrefour de la región, para que las mujeres víctimas, en el momento en el que puedan salir de casa para hacer la compra o ir a la farmacia, “puedan sentirse protegidas y podamos actuar evitando que haya mujeres que estén siendo maltratadas”.

En este contexto, Gil Rosiña ha puesto de manifiesto su preocupación por la bajada que se ha producido, durante esta crisis, de llamadas al 016, lo que ha provocado que la Junta de Extremadura vaya a poner en marcha otra campaña de concienciación ciudadana a este respecto.

Por último, la consejera de Igualdad y portavoz ha destacado que, desde la Junta de Extremadura, “vamos a estar muy atentos para que todas las medidas de reactivación de la economía, sobre las que ya está trabajando el gobierno regional, tengan la necesaria perspectiva de género para que esta crisis no profundice las brechas de género que ya existían antes del COVID 19”.

REPARTO

El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas han acordado este lunes, 4 de mayo, los criterios de reparto de los 100 millones de euros correspondientes al Pacto de Estado para el ejercicio presupuestario de 2020 para las autonomías, cantidad de la que Extremadura recibirá 4,6 millones.

Este acuerdo, cerrado en la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada este lunes por videoconferencia, será elevado al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.

Al igual que, en el ejercicio de 2019, los criterios de reparto atiende a la población, extensión geográfica, a necesidades específicas, entre otras variables.

Concretamente, Andalucía recibirá aproximadamente 15,3 millones; Cataluña, 12,8; Madrid, 10,5; Comunidad Valenciana, 8,7; Galicia, 7,9 millones; Castilla y León 7,4 millones; Castilla-La Mancha, 6,2; Canarias, 5,9; Aragón, 4,7; Extremadura, 4,6; Baleares, 4,1 millones; Murcia, 3,4; Asturias, 2,9; Cantabria, 1,6 millones; Melilla, 1,6 millones; La Rioja, 1,5 y Ceuta, 1,5.

Los fondos serán destinados al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, con especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad; inserción sociolaboral; campañas de sensibilización y prevención; protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes.

También al establecimiento de un sistema de acompañamiento de las mujeres; refuerzo de los servicios de apoyo a los menores hijos e hijas y de los Puntos de Encuentro Familiar; formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación y en el caso de las CCAA con competencia en materia de justicia, al refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral y de las oficinas de asistencia a las víctimas.

Montero ha insistido en "seguir trabajando y dar los pasos necesarios para institucionalizar el Pacto de Estado como una política pública estructural, transversal y permanente".

Además del fondo, se han acordado los criterios de reparto de tres créditos correspondientes a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

En total, 6,5 millones de euros son para programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género, incluidos sus hijos e hijas; un millón para programas para la implementación de planes personalizados de atención y desarrollo de actuaciones en relación a otras formas de violencia contra las mujeres; y dos millones se destinan al programa para el apoyo a víctimas de agresiones o abusos sexuales.

COMPETENCIAS ESTATALES EN MATERIA LGTBI

Junto a las cuestiones referentes a violencia de género, y como novedad, la conferencia sectorial de Igualdad del Ministerio ha abordado las competencias estatales en materia LGTBI.

A este respecto, Gil Rosiña ha celebrado que por primera vez en la estructura general del Estado estén presentes las políticas LGTBI.

En ese sentido, ante la creación del Consejo de Participación LGTBI, ha mostrado su interés por participar activamente de este órgano “siendo como somos una de las primeras comunidades autónomas en legislar en materia LGTBI y teniendo como tenemos una larga trayectoria, no institucional, pero sí de la mano de las organizaciones LGTBI que trabajan en nuestra región”.