La Junta de Andalucía dice ahora que no sabe si multará a los bancos por el fraude de las cláusulas suelo
Se trata del expediente sancionador de mayor envergadura que había anunciado el Gobierno andaluz durante esta legislatura, a raíz de las denuncias de FACUA Andalucía. La presidenta y el secretario general de la federación se han reunido este viernes con el viceconsejero de Presidencia.
08 March 2015
El expediente de la Junta fue abierto a raíz de una batería de denuncias contra veinte entidades financieras presentadas por FACUA Andalucía en marzo y abril de 2013 ante la Secretaría General de Consumo. El organismo puso el caso en manos de su Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno en Almería, y se emprendió un protocolo para analizar cientos de escrituras hipotecarias suscritas en Andalucía.
FACUA Andalucía criticó este jueves que dos años después de la interposición de estas denuncias, el expediente sancionador abierto a las entidades financieras está paralizado. Según la información facilitada por el viceconsejero de Presidencia a los dirigentes de la federación de consumidores, el expediente estaba a la espera de resolver un aclaración jurídica que ya ha sido trasladada a la Delegación del Gobierno de Almería.
Al ser preguntado por los bancos que serán finalmente objeto de multas, las cuantías de las mismas y si por su importe tendrían que esperar a la constitución del futuro Gobierno andaluz, el viceconsejero ha contestado que desconoce tanto si finalmente se aplicarán sanciones como la calificación que, en todo caso, tendrían las infracciones, señalando que todo dependerá de la futura tramitación del expediente.
En una reunión exprés que ha durado menos de quince minutos, los dirigentes de FACUA Andalucía han recordado al viceconsejero que hasta la fecha la federación no ha recibido la debida información sobre la tramitación del expediente pese a ser la denunciante que provocó su apertura. Jiménez ha asegurado que el Gobierno les remitirá datos al respecto.
La Junta anunció que las multas supondrían el importe de los beneficios ilícitos
En junio de 2014, la Secretaría General de Consumo anunció que iniciaría expedientes sancionadoras contra alrededor de una veintena de bancos por las cláusulas suelo y que preveía aplicar el comiso del beneficio ilícito obtenido por la infracción.
La Secretaría General de Consumo estaba adscrita a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, en manos de IU hasta que el PSOE rompió el pacto de Gobierno. Desde entonces, las competencias de dicha Consejería son responsabilidad de la Consejería de Presidencia. Dado que la Junta no ha nombrado sustituto para la anterior secretaria general de Consumo, el responsable de estas políticas es el viceconsejero.
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