CEOE rechaza la reforma del actual sistema de formación

Los miembros de la Junta Directiva se reunieron este miércoles para analizar el borrador del real decreto que prepara el Ejecutivo y que inicialmente se iba a aprobar este viernes en Consejo de Ministros. Como ha comentado el líder de CEOE, con este documento, “la patronal deja de ser cogestora de la formación”. Rosell admite que: “hay que reformar el sistema para evitar fraudes en este capítulo, sin embargo no se puede transmitir que todo se ha hecho mal. Simplemente hay que poner mecanismos de control y evaluación.”

Fuentes de los asistentes a la reunión afirman que fue un encuentro muy tenso, con hasta una veintena de intervenciones que rechazaban de plano la idea de Fátima Báñez porque, según algunos de los miembros de la Junta Directiva: “quieren coger nuestro dinero para arreglar los presupuestos”. Incluso se planteaba la petición de dejar de pagar el 0,6% de las cotizaciones sociales que se destinan a formación. Una llamada de la propia Ministra al presidente Joan Rosell permitió alcanzar una tregua para seguir hablando. Le han entregado un documento de cuestiones técnicas para estudiarlas. Esta prórroga la ven algunos empresarios con escepticismo, porque les parece negativo que al final el Gobierno controle el dinero de la formación en la parte que corresponde hasta ahora a los agentes sociales.
En juego están los 1.800 millones de euros anuales, aportados con el 0,7% de las cotizaciones sociales de los trabajadores, de las que el 0,6% lo financian las empresas y el 0,1% los asalariados. “Si nosotros lo pagamos, somos los que más tenemos que decir respecto a qué se hace con nuestro dinero. Que la administración mande sobre esto es incomprensible”, argumenta el Presidente de CEOE.

El presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, en nombre de las pequeñas y medianas empresas, añade que: “si no se introducen algunas de nuestras consideraciones técnicas, yo no diría que iríamos a las trincheras, pero sí que pediremos que nos devuelvan el 0,6% que pagamos, que lo destinaremos como creamos oportuno”.

La intención del ministerio es la de emplear este dinero en políticas para recolocar parados, pero la patronal recuerda que, con sentencias del Tribunal Constitucional, este dinero que aportan las empresas lo tienen que gestionar ellas para la formación de sus trabajadores.